El Ejército Nacional ratifica su compromiso con la verdad y la memoria de sus soldados desaparecidos

La desaparición forzada constituye una grave violación de los derechos humanos (DD. HH.) y del derecho internacional humanitario (DIH), al transgredir derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, el trato digno y la libertad.  Este flagelo no solo afecta directamente a la víctima, sino que somete a sus familias a una profunda angustia e incertidumbre prolongada.

En cumplimiento de los tratados internacionales y del marco jurídico nacional, el Estado colombiano tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar este crimen de lesa humanidad. Para ello, se ha establecido el deber de buscar e identificar a las personas desaparecidas, preservar su memoria histórica mediante actos conmemorativos y fortalecer los procesos de búsqueda, conforme lo estipula el artículo 14 de la Ley 1408 de 2010.

La Ley 2421 de 2024 consagra garantías jurídicas para la defensa de los derechos de los integrantes de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado, asegurando medidas de atención, asistencia y reparación integral, especialmente para quienes han sido víctimas de desaparición forzada en cumplimiento del deber.

Por su parte, la Ley 2364 de 2024 incorpora herramientas de coordinación interinstitucional y participación ciudadana, con el fin de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, fortaleciendo así la capacidad del Estado para brindar respuestas claras y efectivas.

En coherencia con estos principios y en consonancia con el Sistema Integral para la Paz, el Ejército Nacional apoya la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). A través de la coordinación interinstitucional, se promueve la búsqueda de los militares desaparecidos en el marco del conflicto armado, contribuyendo al alivio del sufrimiento de sus familias y al restablecimiento de sus derechos, la justicia y la garantía de no repetición