COMUNICADO DE PRENSA

1. ⁠⁠Frente a las inquietudes expresadas públicamente y con el propósito de brindar claridad a la opinión pública, en observancia de los principios de transparencia y legalidad, el Ejército Nacional informa que rechaza de manera categórica el homicidio del oficial y es el primer interesado en que se haga justicia; no obstante, conforme al mandato constitucional, la investigación, el esclarecimiento de los hechos, la determinación de los móviles y la identificación de los responsables corresponden de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, la institución ha puesto y continuará poniendo a disposición de la autoridad judicial competente todo el acervo probatorio requerido, respetando la reserva sumarial necesaria para no afectar el adecuado desarrollo de la investigación penal que actualmente se encuentra en curso y que determinará las causas del trágico hecho y sus perpetradores.

2. ⁠⁠En relación con las medidas de seguridad y protección, estas se asignan conforme a estudios técnicos de nivel de riesgo y a la normatividad vigente dispuesta por el Comando General de las Fuerzas Militares de acuerdo a los cargos; sin perjuicio de ello, y atendiendo la situación particular, la institución activó de manera inmediata la ruta de protección de emergencia, adelantando gestiones interinstitucionales ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad competente para la protección de los familiares de funcionarios públicos. Adicionalmente, y contrario a cualquier percepción de abandono, el Ejército Nacional mantiene designados en la ciudad de Ibagué a un suboficial y un soldado profesional, quienes brindan acompañamiento permanente y actúan como enlace directo con el núcleo familiar. De igual forma, se ha dispuesto personal institucional para asesorar y supervisar los trámites relacionados con las prestaciones sociales.

3.⁠⁠ En cuanto a la situación administrativa, los traslados y las operaciones militares obedecen a la dinámica operacional de la Institución y a las necesidades del servicio, las cuales se formalizan mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad. El Teniente Coronel Rafael Granados Rueda se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones como oficial de operaciones, participando en operaciones militares de control territorial en el área de responsabilidad asignada por la Tercera División, las cuales resultan fundamentales para la seguridad de la región; los procesos de traslado se surten a través de comités y responden a las necesidades del servicio, sin estar sujetos a plazos fijos o preestablecidos.

4. ⁠⁠Desde el momento en que ocurrieron los trágicos hechos, se activó el protocolo de atención del Centro de Familia Militar, CEFAM, manteniéndose de manera permanente la oferta institucional de apoyo psicológico para la señora esposa y el menor de edad, sujeto de especial protección constitucional, la cual permanece activa y disponible para el momento en que la familia decida aceptarla, respetando sus tiempos y su proceso de duelo.

5. ⁠⁠Frente al bloqueo preventivo de cuentas y a los tiempos requeridos para el reconocimiento de pensiones e indemnizaciones, es preciso aclarar que estos no obedecen a una decisión discrecional de la institución, sino al cumplimiento estricto de los términos establecidos en la legislación sucesoral y administrativa colombiana, cuyo propósito es proteger el patrimonio de los herederos legítimos —la esposa y el hijo—, y garantizar que los recursos sean entregados con plena seguridad jurídica. En ese marco, el Ejército Nacional continúa brindando acompañamiento y asesoría jurídica para contribuir a la agilización de dichos trámites ante las entidades competentes.

Finalmente, reiteramos nuestra solidaridad y acompañamiento. El Ejército Nacional honra la memoria de sus héroes y no abandona a sus familias.​​​​​​​